El director de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Concordia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ingeniero agrónomo Javier Oberschelp, expresó ayer a DIARIOJUNIO su preocupación por el alcance del decreto del Poder Ejecutivo que está a punto de ser publicado y cambiaría radicalmente la estructura del organismo. Se modificaría la estructura del organismo, eliminando su autarquía, reduciendo personal técnico clave y poniendo en riesgo programas estratégicos, terrenos productivos y la capacidad de planificar a largo plazo en ciencia y tecnología agropecuaria.

Por: Guillermo Coduri

Oberschelp sostuvo que el INTA Concordia acompaña las principales cadenas productivas de la región como el citrus, la forestación, el arándano, la apicultura, la ganadería y la horticultura. Las restricciones presupuestarias no son novedad en el INTA. «Venimos desde hace bastante tiempo, no es algo de ayer, ni siquiera de este gobierno, sino que viene desde hace bastante tiempo», dijo. Constantemente se está acomodando a los cambios. No obstante, explicó que en esta gestión comenzó un proceso de retiros voluntarios del personal que afecta el funcionamiento. «Les ofrecen retirarse de la institución con un premio económico», explicó. En consecuencia, varios profesionales aceptaron la propuesta a nivel nacional y en Concordia también. «Te van sacando recursos humanos», indicó.

En todo el país trabajan cerca de 5.000 personas y en la Estación Experimental de Concordia prestan servicios 95 empleados distribuidos en cinco departamentos. Pero, entre las jubilaciones y los retiros voluntarios, comenzó a disminuir la dotación. El director sostuvo que se trata de personal calificado y valioso que no tardará en conseguir empleo fuera del Inta. Justamente, lo paradójico es que es el personal: «que necesitamos que se quede». «La institución pierde», reiteró.

Oberschelp sostuvo que en breve llegará una segunda tanda de ofrecimiento de retiros voluntarios. «Con el decreto vendría una reducción importante porque es lo que vienen anunciando, que necesitan reducir personal», indicó.

A la vez, sostuvo que las restricciones presupuestarias no se frenaron. Están funcionando con el mismo presupuesto que tenían en 2023. Con la inflación registrada desde aquel entonces y la suba de los servicios básicos, «ya no te alcanzan los fondos para destinarlos a actividades sustantivas». En consecuencia, comienza a desgastarse la capacidad para dar respuestas a las demandas del sector.

Como ejemplo concreto, el programa de producción de yemas cítricas saneadas fue desfinanciado. Oberschelp calificó de «estratégico» el programa para los viveristas y para el productor citrícola porque son yemas libres de enfermedades. «Hacemos lo posible con los productores, con la Federación del Citrus y con los viveristas para encontrarle la vuelta para que continúe funcionando, pero se hace insostenible», expresó. Sólo hay dos centros que producen esas yemas en el país y uno de ellos es el del INTA Concordia.

Por otra parte, mencionó que en el INTA funciona el Consejo Directivo conformado por los representantes de las entidades intermedias como la Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria, Coninagro, y cinco representantes del Ejecutivo nacional. «Ese órgano está equilibrado. Es el que decide el presupuesto, los recursos humanos, si hay un concurso», etc. Pero sería reemplazado por un Comité Técnico que no tomaría decisiones. Estas quedarían en manos de una persona designada por el gobierno.

¿Cómo afecta eso al organismo? «Pensar en ciencia y técnica es pensar a largo plazo. No es lo mismo pensar en que si vamos a investigar la chicharrita del maíz, tener que poner recursos y personal dedicándose a estudiar algo que tal vez se desconoce. Eso lleva tiempo. Tenés que tener la capacidad de decidir adónde vas a invertir tus fondos», expresó el director de la Estación Experimental Agropecuaria. Para ello, necesitan autarquía presupuestaria para la investigación a largo plazo. Pero: «todos saben lo difícil que es en nuestro país tener políticas a largo plazo y generar acuerdos», admitió.

El jueves pasado, en la Feria de Caminos y Sabores que se desarrolló en La Rural, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que el Gobierno se encuentra “terminando de definir el decreto” con el cual se reformará el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y confirmó que al ente se le va a “sacar” la autarquía para “ordenarlo” desde la Secretaría de Agricultura.

Si se saca la autarquía, la persona designada por el Ejecutivo puede tomar decisiones sin consultar al Consejo Directivo que, además, dejará de existir. Por ende, se pierde la posibilidad de políticas consensuadas entre el Estado con los representantes de los productores. Justamente, Oberschelp apuntó a la contradicción entre señalar -que pregona el gobierno- que hay escasa presencia del sector privado y eliminar un Consejo integrado por cinco personas entre las cuales hay quienes pertenecen a la Mesa de Enlace. «Esto puede llegar a salir muy bien como puede llegar a salir muy mal», explicó.

Al mismo tiempo, sostuvo que se pierde la capacidad de planificar el desarrollo de una vacuna contra la garrapata o generar una nueva variedad de arándanos. «Eso lleva años y solo podes encararlo si tenés ciertas garantías de un presupuesto a largo plazo», manifestó.

Más adelante, Oberschelp remarcó que vuelven a correr riesgo la estabilidad laboral de los becarios o de las personas que están en planta transitoria que han sido cuestionados recientemente por el Ejecutivo. «Eso nos preocupa».

También entra en terreno incierto el patrimonio de las Estaciones Experimentales. Oberschelp recordó que en diciembre de 2024, el histórico edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en pleno corazón de Palermo, fue subastado al mejor postor por USD 18,5 millones. «El inmueble, que alguna vez albergó los cerebros más brillantes de la innovación agropecuaria, ahora se convertirá, claro, en un conjunto de lofts de lujo y oficinas, porque, según parece, el mercado inmobiliario es más ‘productivo’ que la ciencia», publicó Página 12.

En aquel momento, trabajadores y gremios denunciaron la maniobra del gobierno sosteniendo que se trata de un despojo que forma parte de un plan más amplio: liquidar más de 300 inmuebles estatales en todo el país, con la “modesta” meta de recaudar USD 800 millones. Oberschelp expresó que, si se modifica la autarquía, las decisiones de vender más terrenos del Inta serán unilaterales de ahora en más.

Puntualmente, el Inta tiene dos terrenos, uno el campo ubicado en cercanías de la localidad de Estación Yuquerí y el otro es El Alambrado en el Lago de Salto Grande. Se trata de dos propiedades de poco mas de 600 hectáreas. «Si los ves desde una óptica inmobiliaria, están en lugares privilegiados», dijo. «Si te lo compra un proyecto inmobiliario, te van a pasar con una topadora por encima las colecciones de eucaliptus, los semilleros porque no son interesantes como proyectos inmobiliarios», expresó.

En el campo ubicado en la ruta 22 hay colecciones de germoplasma (material genético de las plantas que puede ser utilizado para la reproducción, conservación y mejora de cultivos y especies vegetales). Si se venden esas tierras, el Unta dejara de brindar servicios estratégicos en referencia a la venta de semillas, de yemas cítricas, de clones de eucaliptus.

«A veces no se percibe del todo que sea algo tan grave. Pero el daño que se puede hacer no sé si es reversible. No quiero decir que es irreversible. Si esto fuera más pensado, siempre hay posibilidades de mejorar, de revisar lo que está mal pero no de esa forma. Creo que no se arregla nada», expresó por último Oberschelp. A pesar de todo, en el Inta siguen adelante participando y organizando en ferias citrícolas, forestales, redoblando el esfuerzo. Sin embargo, si bien el mensaje sigue siendo «dar lo mejor de cada uno» no es fácil. «Es una situación de incertidumbre total no sabés que va a pasar mañana», dijo