Frente a nuestros reclamos por la presión tributaría, la respuesta que obtuvimos fue, aumento de costos de producción y apertura a las importaciones. A esto se le debe sumar el importante impacto que tuvo el aumento de la energía –debido a que es un insumo sumamente necesario- y por otro lado, la marcada devaluación que repercute directamente en el costo de los insumos. Todo esto influye obviamente en la rentabilidad, que continuó siendo un problema generalizado en todas nuestras maltratadas económicas regionales.

La creciente diferencia entre precios de los productos en el campo, respecto a los precios en góndola, muestra cada vez más que el sector tiene menos participación en el precio final de los productos. Esto significa que son otros los eslabones de la cadena que generan más rentabilidad, en detrimento del sector productivo y también del consumidor; ya que este paga cada vez más, y el productor -en relación al precio final- cada vez cobra menos.

Esta progresiva concentración económica deja en lo concreto fuertes y muy pocas empresas decidiendo el destino de miles de productores, que lamentablemente se encuentran dispersos y debilitados. Por lo que estas pocas empresas son formadoras de precio y de condiciones de pago, y en muchos casos inclusive fueron quienes decidieron importar los productos que resultaban ser más baratos en el exterior, y así entonces mantuvieron o aumentaron su rentabilidad, mientras que el sector productivo se veía cada vez más afectado.

¿Qué significa debilitar y destruir las economías regionales del país?

En primer lugar implica destruir fuentes de trabajo importantísimas y numerosísimas, además afecta el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, que por otro lado son el motor de la clase media, sustento económico, y cultural de nuestro país, durante muchos años. También perjudica el desarrollo económico en miles de ciudades del país, que dependen directa e indirectamente de esas economías, ahora asfixiadas y debilitadas.

Otro de los aspectos para tener en cuenta, es que personas de trabajo que deciden invertir y luchar en su propio país, son desalentadas con tasas de interés altísimas que no permiten financiar las inversiones futuras y mucho menos las presentes.

Reclamos postergados

Este sector no es escuchado seriamente, los planteos son siempre postergados y las entidades más fuertes resultan ser las que representan a los actores también más fuertes de la cadena; esto hace que la situación no vislumbre posibilidades de mejoras en el corto plazo.

Quienes esgrimen la representación de todo el sector, en muchos casos, sólo hacen prevalecer sus propios intereses sectoriales y no reflejan las necesidades de los actores más débiles. Se constituyen como representantes de todo un sector, cuando en realidad hacen uso de su fuerza para obtener ventajas para sí mismos; ya que sólo aumentan la desigualdad entre empresas fuertes, oligopsonicas y más cerca de la comercialización, y un sector productivo ignorado, desperdigado y sumiso.

Una nueva decisión del gobierno nacional nos hace poner en alerta

Recientemente, frente a la necesidad de iniciar el programa de lucha contra la Lobesia Botrana, plaga declarada de interés nacional por la ley 27227, el gobierno Nacional que está obligado por esta misma a aportar los fondos necesarios decide no hacerlo en su totalidad, sino realizar un ajuste y aportar sólo un tercio de lo necesario. Este  tipo de plagas requieren de programas serios, sostenidos en el tiempo, con el sustento de equipos técnicos decididos a la erradicación, o al menos a la posibilidad de control por parte del productor.

Así se encaró el año pasado, con el aporte del Estado Nacional, una campaña que resultó ser exitosa según la opinión de la mayoría de los afectados. No obstante, el gobierno decide retirar el aporte en su gran mayoría, dejando a los afectados en una situación de extrema dificultad frente a la inminencia del inicio de la campaña. Frente a este ajuste, el gobierno provincial, redacta un proyecto de ley, que establece el cobro compulsivo al sector productivo de un monto por hectárea, y así pretende obtener los recursos que le niega la nación, haciendo por su parte también, un aporte.

Con los 100 millones de pesos de la nación, los 50 millones de la provincia, y los 150 a 200 millones que deciden cobrarle solamente al sector productivo (ya que no contribuyen las bodegas, ni los exportadores, ni las champañeras beneficiadas con exenciones impositivas durante años), este es el responsable de hacerle frente al pago, específicamente quienes tengan más de 5 hectáreas, llevadas posteriormente a 10.

No es menor el hecho de que este proyecto provincial  de ley, contradice a la ley nacional en su espíritu y en su texto. En su espíritu porque la ley hacia asumir al gobierno Nacional la responsabilidad del control de la plaga, (recordemos que esta plaga ingreso de Chile por ineficientes controles del SENASA) ya que ésta si bien afecta principalmente la vitivinicultura, otros productos pueden verse dañados por la misma. En cambio la ley provincial, desconociendo la exigencia de una ley de rango superior, hace caso omiso de la misma, y como si no existiera reconoce otros agentes responsables del pago, y cambia la consideración hacia el productor vitivinícola, de ser beneficiarios del programa a ser sujetos de cobro compulsivo.

Por otro lado, es sumamente importante resaltar la actitud de la propia industria. Frente a tal resolución del gobierno Nacional y Provincial, en lugar de mostrar solidaridad con el eslabón más débil de la cadena comercial, le hacen recaer sobre el humillado sector productivo todo el costo privado de la lucha contra la plaga. Y así, sectores altamente beneficiados con las políticas económicas del  gobierno, como los exportadores, o los oligopolios importadores de vino, hacen aporte CERO a esta campaña. Una vez más se hace latente la connivencia del poder político con el poder económico, en detrimento de los sectores más débiles de la sociedad.

Es esto entonces un vivo ejemplo de lo  que sucede cuando el Estado Nacional se corre de sus responsabilidades y le hace asumir al sector privado los costos de su inacción. A su vez, el sector privado, hace recaer sobre el más débil este costo, y en connivencia con los actores políticos, hacen ley la injusta distribución de la renta y los costos, pretendiendo así una legitimación del abuso.