El trabajo rural se incorporó a la legislación poco antes de la sanción de la ley que establece un esquema progresivo de rebaja de las cargas patronales en materia previsional en base a un mínimo no imponible (MNI) que se modificará anualmente y durante un período de cinco años. Se actualizará según el IPC y se calculará sobre un salario bruto de $11.500 ($10.000 netos).

En base a este esquema, el sector empleador solo pagará por el salario bruto excedente del MNI, lo que generaráría un impacto positivo en la formalización del empleo.

En el país hay 6 millones de trabajadores registrados, a los que podrían sumarse entre 3 millones y 4 millones más formalizando los que hoy están en negro. El costo fiscal de aplicar el MNI para 9 millones de empleados este año sería de $9000 millones.

En paralelo se modificó el decreto 814/01 por el cual el sistema vigente que permitía tomar las contribuciones a cuenta de IVA, de forma diferencial según regiones de la Argentina y el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de cada territorio.

El beneficio se reduce progresivamente y hacia 2022 las provincias más alejadas de Buenos Aires y/o con mayor NBI ya no podrán contar con esta discriminación a su favor. Al mismo tiempo, la alícuota de la contribución subirá y se equiparará entre actividades y sectores desde el actual 17% hasta el 19,5% en 2022.

Desde Came explicaron a LA NACION que insistirán mañana para que se mantenga "algún criterio de diferenciación regional" ya que entienden que es una vía para que las economías regionales resuelvan sus problemas de competitividad que se traducen en inconvenientes para exportar y, por lo tanto, en una profundización del déficit comercial".

En las economías regionales el costo laboral tiene un peso de entre el 50% y el 75% por lo que su reducción es considerada clave por los empresarios del sector. En la Came estiman que sobre el segmento asalariado informal -casi 3 millones los trabajadores- el 69% percibe retribuciones laborales por debajo del salario mínimo, vital y móvil.

"Este grado de incumplimiento presenta significativos contrastes en términos regionales que deben ser considerados en la programación de políticas e instituciones laborales -agrega el documento que presentarán a Agroindustria-. La aplicación de un MNI para las contribuciones patronales puede promover una tendencia formalizadora".

La Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires, según la nueva norma legislativa, constituyen los únicos distritos que cuentan con un alivio efectivo en el pago de contribuciones patronales para cualquier nivel salarial.

Por contraste, todas las localidades del interior -en mayor o en menor medida- presentarían una mejora por la aplicación del MNI pero un perjuicio al derogar la deducción a cuenta de IVA. Por lo tanto, hay un nivel salarial a partir del cual el nuevo sistema de contribuciones aumenta la carga.

"Este aspecto debería ser subsanado y, en este sentido, se propone la aplicación del MNI en base a un criterio federal -describe el informe- para que las producciones primarias que se generan en las economías regionales sean atendidas y encuentren su verdadero potencial productivo".