El paceño asume el desafío de pilotear las negociaciones entre el Gobierno, los productores y los semilleros para la aprobación de una nueva Ley de Semillas.

El hasta ayer jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, el entrerriano Guillermo Bernaudo, será el nuevo presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), en reemplazo de Raimundo Lavignolle. Bernaudo, a su vez, será sustituido hoy en su actual función –en la que se mantuvo desde el inicio de la Administración de Mauricio Macri– por Daniel Asseff, quien hasta su nombramiento en el Gobierno fue el gerente general de la Confederación Intercooperativa (Coninagro).

La designación de Bernaudo al frente del Inase –cuya fecha de asunción aún no se conoce dado que hay varios trámites administrativos por concretar– fue “blanqueada” hace unos días por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien al referirse al paceño dijo que “Willy Bernaudo es una de las mejores personas que he conocido”.

El ministro, además, señaló que el Gobierno estaría dispuesto a introducir cambios en su proyecto de Ley de Semillas –uno de los temas más difíciles del área de Agroindustria– siempre y cuando haya consenso en el sector privado. Ese consenso, básicamente, debe contemplar un entendimiento entre las entidades del campo y la industria semillera sobre las modificaciones a introducir a la legislación, y, además, que se respete el poder de policía del Estado.

Hasta que no haya acuerdo, y por consiguiente una nueva legislación, seguirá vigente la Ley N° 20.247, de 1973, una buena norma que ha quedado atrasada ante el avance de la genética y la biotecnología. En aquel entonces no existían los cultivos transgénicos y la soja no se sembraba en la Argentina.

Los semilleros, desde hace tiempo, vienen ejerciendo una fortísima presión para que la nueva norma garantice el derecho a la propiedad intelectual.

Hace unos días, por ejemplo, Antonio Aracre, el director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, reclamó “un marco jurídico y económico adecuado” para que las compañías inviertan en tecnología y decidan instalarse “con más fuerza” en la Argentina. El argumento, obviamente, apuntó al largo reclamo de las empresas multinacionales de biotecnología para que el Estado argentino sancione una nueva ley de semillas que garantice la propiedad intelectual.

Muchos productores –en especial los enrolados en la Federación Agraria–, sin embargo, temen perder el añejo derecho al uso propio con una nueva ley que acceda a los reclamos de los semilleros.

El año pasado, Agroindustria presentó en el Congreso un proyecto que, entre otras cosas, acota el uso propio. La iniciativa expresa que tras la compra de la semilla el productor deberá pagar por tres campañas más por la semilla que se reserve para uso propio. En cambio, si en la nueva siembra se reserva más de lo inicial deberá pagar sin límite de tiempo.

El Gobierno exceptuó del pago a “aquellos agricultores inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) y los pueblos originarios que en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario tradicional intercambien o vendan entre ellos semillas u otro material de propagación”.

Bernaudo, en definitiva, tendrá ahora la nada fácil tarea de pilotear las negociaciones entre el Gobierno, los productores y las empresas semilleras para que el país, finalmente, tenga una nueva Ley de Semillas.


Fuente: El Diario