El diputado Juan Casañas (Tucumán) transmitió la preocupación imperante en el sector citrícola a raíz de controles insuficientes por la enfermedad conocida como HLB en cítricos, que pone en riesgo a la actividad porque destruye completamente el cultivo.

En Argentina “hay más de 5.000 productores, más de 20 fábricas, 400 galpones de empaque, hay 260 mil puestos de trabajo” directos e indirectos y “es una actividad que genera 1.000 millones de dólares anuales de ingreso de divisas” por exportaciones anuales, explicó Casañas a “Casado con el Campo” (AM 570).

Países limítrofes como Brasil, Paraguay, Bolivia o Chile, tienen HLB y sufrieron pérdidas millonarias por la enfermedad. En 2013 el Congreso de la Nación sancionó una ley (26.888) que crea un programa de prevención de HLB pero que lamentablemente “no se cumple”, indicó el diputado.

Desde hace años el HLB amenaza con ingresar al país desde el litoral en el límite con Brasil, en la provincia de Misiones hubo detecciones de presencia aislada de la enfermedad, aunque el problema no pasó a mayores y se está tiempo de prevenir su dispersión.

La prevención que establece la ley implica la dotación de recursos cuyo fondeo debía realizarse con un 70% de aportes del Ministerio de Economía, hoy Hacienda. Para que las barreras fitosanitarias funcionen “se necesitan 60 millones de pesos” precisó Casañas, pero “por falta de fondos” agregó “no se está cumpliendo la ley”.

El jueves pasado, el legislador tucumano organizó una jornada sobre el tema a la que asistieron representantes de tres ministerios: Seguridad (por control fronterizo), Agroindustria y Producción, además del INTA, el Senasa, y representantes de la producción de provincias citrícolas.

“El Senasa está presente en sus funciones, pero no están cumpliendo el 100% sus funciones, básicamente por falta de recursos”, comentó Casañas al transmitir la preocupación de productores del NOA, NEA y provincia de Buenos Aires.

En estos días tanto los ministros de Hacienda, Alfonso Prat Gay, de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y de Producción Francisco “están recibiendo una nota pidiendo que se le asigne a la ley 26.888 por 60 millones de pesos” o bien que se hagan responsables de las consecuencias negativas si llegaran a producirse, explicó el diputado.