Por MATÍAS LONGONI

Aunque en las guerras no suele haber espacio para la dulzura, en la Argentina desde hace varios meses se desarrolla una sorda pelea para determinar quiénes serán los que endulzarán en el futuro las bebidas gaseosas y las aguas saborizadas, de creciente consumo en el país. Hoy ese negocio lo tienen básicamente los productores de azúcar y de fructosa de maíz. Ahora quieren disputarle el territorio quienes elaboran jugos de frutas, sobre todo la poderosa industria vitivinícola.

El escenario de la batalla final será el Congreso. Y es que la pelea se dirime a través de un proyecto de ley que planea retocar la estructura de impuestos internos de las llamadas bebidas analcohólicas, tengan gas o no. Según como quede redactada esa iniciativa (fue una propuesta original del kirchnerista formoseño Luis Basterra), se definirán ganadores y perdedores. El premio es un mercado de 400.000 toneladas anuales.

Hoy las bebidas sin alcohol tributan 8% de impuestos internos, pero el gravamen se reduce a la mitad si en su composición incluyen al menos 10% de jugo natural de alguna fruta. El proyecto en discusión plantea aumentar ese impuesto hasta 28%, pero reducirlo 10 puntos a las bebidas que cumplan con esa condición.

Esto amplía las ventajas para la utilización de jugos como endulzantes.

Los detractores del proyecto lo llaman la “Ley del Mosto”, por el fuerte impulso que pretende darle a la iniciativa la poderosa Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). El mosto es el jugo de uva que no se utiliza para la elaboración de vino. En general, las bodegas lo exportan hacia otros países como mecanismo para regular el mercado de vinos. Se puede vinificar o, como hace Estados Unidos, utilizarlo como endulzante natural de las bebidas.

Desde Cuyo replican que el proyecto es más amplio y podría beneficiar a otras regionales productoras de frutas, no solo a la de uva. Pero los bodegueros no disimulan que quieren poner un pie en un negocio (hablan de vender unas 60.000 toneladas de mosto) que hasta aquí es dominado por los fabricantes de fructosa de maíz (básicamente grandes empresas, como Cargill, Ledesma y Arcor) y los ingenios azucareros, concentrados en Tucumán, Salta y Jujuy.

La semana pasada, en Tucumán, ese sector salió con los tapones de punta y repudió el proyecto, pese a que en su última versión se reservó un mínimo de 75% de participación para el azúcar entre los endulzantes. Los ingenios hablaron de “ un injusto mecanismo para beneficiar a una industria ”, la del mosto. Dispuestos a dar batalla con sus legisladores, estimaron además que los retoques impositivos provocarán un retroceso en el consumo de gaseosas que terminará perjudicándolos.