Mastrángelo explicó primeramente que “CAMMESA tiene un capital accionario 20% estatal y 80 % privado”, y que este último “está compuesto por las corporaciones que representan a los actores del mercado eléctrico: los generadores, los transportistas, los grandes usuarios, los distribuidores”. CAMMESA –indicó– es “una sociedad anónima de propósito público”, y en función de ello su objetivo –como en todo sistema eléctrico que trabaja en forma centralizada– es “obtener el mínimo costo de operación”. Desde el punto de vista operativo, por un lado CAMMESA atiende “en cada momento a cada una de las ofertas de cada una de las centrales que están en cada uno de los puntos de la red”, pormenorizó Mastrángelo; y por otro, “atiende al estado de la red en cada instante y al mismo tiempo a la demanda, de forma tal que se pueda abastecer a esta en forma adecuada”, graficó. En lo que respecta a la faz administrativa, “lo que hacemos es cobrar a los distribuidores por la energía que les suministramos, y con ese dinero abonamos a los generadores y transportistas por su tarea”, sintetizó. A continuación, el destacado profesional abordó el eje de su disertación: la crisis energética actual y sus consecuencias. Mastrángelo señaló en primer término que “básicamente son dos las causas principales: la baja en los aportes hidráulicos de las centrales, tanto en las de esta cuenca como en las del Comahue; y las restricciones de gas que se produjeron en el verano. La conjunción de estas dos variables ha contribuido a que exista este déficit de energía que estamos sufriendo”, puntualizó. Consultado acerca de si faltó previsión por parte del gobierno nacional, manifestó que “en principio la situación se fue conteniendo con una serie de medidas que se fueron tomando, como la importación de energía desde Brasil para aumentar un poco la oferta que estaba mermando, o el corte de la exportación de gas a Chile para atender a la demanda interna. De alguna manera se ha logrado contener la situación con estas dos medidas, a las que se suma la decisión de traer combustible líquido desde Venezuela, lo cual nos permite estar en este momento en una condición más holgada que hace un par de semanas”, aseguró. No obstante ello, Mastrángelo confesó sin eufemismos que el panorama con respecto al futuro inmediato y mediato es altamente preocupante: “hay probabilidades ciertas de cortes de energía en los picos de este año, que se irán incrementando a medida que vaya pasando el tiempo, llegando a una situación muy crítica hacía el año 2006-2007”, enfatizó. También descartó cualquier posibilidad de salida rápida de esta crisis, al reconocer que “no tenemos otros elementos de oferta de los cuales poder disponer en el corto plazo como para decir que no va a existir este riesgo, que es real, y que está implantado en nuestro sistema eléctrico”. Concretamente, la oferta no es suficiente como para atender al excepcional crecimiento de más de un 10% mensual de la demanda que se está registrando en 2004 en comparación con el año anterior. Con respecto a las casi seguras interrupciones en el suministro que se vienen, aclaró que “cuando hablamos de cortes estamos hablando de cortes en su totalidad, no hacemos una asignación de quién es el que tiene que producir el corte”. Empero, concedió que “si se tiene que reducir un porcentaje equis, las directivas serán emanadas desde la autoridad regulatoria, la Secretaría de Energía de la Nación, que es la que va a decidir cuál es el detalle con el que se tienen que hacer los cortes”. Por último, Mastrángelo se refirió al proyecto de ley para la compra de energía directa a Salto Grande que elaboraron senadores misioneros y correntinos, y que cuenta con el apoyo de sus pares entrerrianos. Si bien la iniciativa fue recibida con beneplácito fundamentalmente por las cooperativas –entre ellas la de Concordia– el representante de CAMMESA subrayó que “la reglamentación vigente excluye a las empresas de carácter estatal de la posibilidad de celebrar contratos, en este momento y de acuerdo a las normas vigentes, no existe la chance de compra directa”. Alertado de que una ley puede modificar otra ley, destacó que “la que habría que cambiar no es cualquier ley, sino la ley del marco regulatorio energético”. De todos modos, especificó que una eventual compra directa a Salto Grande no afectaría a CAMMESA, pues “cualquier contrato que se pudiera celebrar no tiene mayor incidencia en el despacho, que siempre se va a hacer de forma económica”, concluyó.