En ese sentido, Lavaggi reconoció que “existe un viejo reclamo del sector, de los productores y de las entidades que los representan, para que se hagan controles sobre todo al principio de la temporada con las variedades primicias”, y agregó que el objetivo que se persigue “es evitar que algunos productores puedan aprovechar los mejores precios y la situación del mercado para enviar fruta que no esté en el estado de madurez apropiado, lo cual termina generando un fraude al consumidor y un desaliento al consumo de las próximas frutas cítricas que lleguen al mercado”. La producción comienza a fines de febrero o principios de marzo y para esa época se registrarán también los primeros envíos al mercado interno. “La idea es trabajar junto con la provincia en puestos de ruta y en empaques; se van a hacer controles para determinar el nivel de acidez a partir de una fórmula establecida por una resolución del año 1983, que fija cuáles son los requisitos para cada especie y cada variedad”, graficó Lavaggi. La fruta que no esté apta para el consumo por falta de madurez será decomisada y destinada a otro uso, como por ejemplo el industrial. Para Lavaggi, “el sector citrícola argentino tiene excelentes niveles de calidad, pero obviamente los empresarios se esmeran mucho más cuando hay que exportar, por eso tenemos que nivelar las exigencias en forma paulatina hasta que entendamos que hay un solo mercado, ya sea el argentino o el extranjero”, resaltó. El máximo responsable del área de fiscalización vegetal del SENASA, subrayó que “es muy importante el trabajo que se realiza en la quinta, la calidad empieza por el campo, por la responsabilidad social empresaria. Todo empacador que realiza actividades agropecuarias debe considerar aspectos sociales: que no haya trabajadores en negro, trabajo infantil, y también las normas sanitarias como lavado, cuidado y otras consideraciones vinculadas al medio ambiente. Son temas fundamentales en todos los lugares del mundo”, consideró. Los empaques que no cumplan con las reglas establecidas en los controles de calidad sufrirán una sanción directa como el decomiso de la fruta o el desvío del uso de la misma; aquellos que sean reincidentes van a sufrir una sanción punitiva, y en casos extremos la clausura del establecimiento. Esta campaña de control se extenderá por dos meses y está en los planes reiterarla todos los años. A cargo de los controles estará el SENASA en representación del Gobierno Nacional, la Secretaria de la Producción por el Gobierno de Entre Ríos, y las entidades que nuclean a los productores que apoyan este operativo.