Entre Ríos, Argentina - Viernes, 18 Agosto 2017
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31-07-2017    leída: 32 veces

Del campo al súper, los productos se encarecieron entre cinco y diez veces
Gobiernos, intermediarios y comercializadores finales son los responsables de sumar costos y especulación a las cadenas de valor. El resultado es nefasto: Argentina tiene siete veces más inflación que el promedio de América Latina.


El país ‘granero del mundo’, con apetencias de ser un ‘supermercado global’ tiene la canasta de alimentos más cara de Latinoamérica. En el mes de junio, los precios de los productos agropecuarios se multiplicaron en promedio por 4,84 veces en el trayecto que va del campo y al consumidor.

Así lo refleja el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), considerando una canasta de 25 alimentos agropecuarios, los cuales fueron medidos en 11 distritos del país, entre ellos Córdoba.

Según esta investigación, la desigualdad en algunos productos (como manzanas, peras, naranjas, cerdo) llegó a casi diez veces. Son brechas carentes de toda lógica: por ejemplo, cada kilo de tomate que percibió en origen $4,9, cuando llegó a destino recibió un valor de $32; el kilo de naranja arrancó en sólo $1,7 y se vendió en góndola a $17; mientras, el arroz se cotizó $3,7 en la punta inicial y terminó en $22.

La participación del productor en el importe que pagan los consumidores (otro indicador que resume la distorsión en el valor durante el circuito logístico del sector agrícola-ganadero) alcanzó al 25,4% promedio. Esto significa que en el 74,6% restante incidieron intermediarios, comercializadores finales y costos regulados por el Estado. Según precisa Came (que midió 20 ferias concentradoras del país incluyendo el Mercado Central), desde el productor al Mercado de Abasto los precios crecieron en promedio 3,41, y desde el Mercado al consumidor 1,43.

“En general, las desigualdades están determinadas por comportamientos especulativos de diversos actores del mercado”, analiza Came. “Básicamente, de las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante en la plaza; más allá de factores como la estacionalidad, o los costos de almacenamiento y transporte”, agrega.

¿Los supermercados tienen todas las culpas?¿Los productos agropecuarios son los únicos afectados? El tema es más complejo que eso porque en la Argentina, las distorsiones en la formación de precios no son consecuencia de ‘un responsable’, sino de ‘un sistema’.

Estado, salvavidas de plomo. “Uno de los componentes del precio final de un bien o un servicio con mayor porcentaje de participación es, sin lugar a dudas, el costo fiscal”, señala el profesor Juan Manuel Lavignolle (Universidad de Palermo). “Entre los impuestos más representativos se encuentran el IVA, ganancias, ingresos brutos, débitos y créditos, seguridad social y tasas municipales”, enumera el catedrático.

Veamos algunos ejemplos: los impuestos son responsables del 25% del valor total de los textiles, según refleja un informe realizado por la Fundación Pro Tejer y la hilandería TN&Platex. El 45% de la carga impositiva total responde al IVA, ganancias e ingresos brutos.

A los hoteles y restaurantes no les va mejor. De acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la carga tributaria se acerca al 39% en hoteles grandes, y al 37% en establecimientos pequeños. En cuanto a los restaurantes, el peso de los impuestos en el precio final oscila entre el 38% y el 40%, según su tamaño.

Otro caso es el de las bebidas sin alcohol. El costo impositivo y de seguridad social implícito en el precio de venta al público de un producto promedio de este mercado se estima en el 50%, según el Iaraf. Además, en este sector también hay que considerar los impuestos internos, que representan el 4% del precio final.

“Nosotros de cada $100 que vendemos, en automático el 10% va para el pago de impuestos municipales y provinciales”, señala el presidente de la Cámara de Supermercados de Córdoba y titular de la cadena Buenos Días, Benjamín Blanch. A ello le tiene que agregar una carga adicional de 34% de impuestos nacionales. “Y no se puede soslayar el costo energético: históricamente, la tarifa de EPEC significaba el 0,8% de las ventas; hoy puede llegar hasta el 1,8%”, advierte. Y agrega: “El mayor formador de precios es el gobierno, a todo nivel”.

Según un análisis de la consultora Carta Financiera, el Estado se lleva una tajada de hasta el 30% promedio del precio final de un producto.

“No soy yo, sos vos”. A la hora de establecer responsabilidades que expliquen por qué Argentina tiene una inflación anual del 21,9% cuando el promedio de América Latina es del 3,3%, los pases de factura vuelan de un extremo a otro. El poder oligopólico de los supermercados es uno de los frentes más cuestionados.

“La Argentina tiene un nivel de concentración (70%), por debajo del promedio de América Latina (85%), y sin embargo tiene una inflación que sólo es superada por Venezuela”, apunta Miguel Ángel Boggiano, profesor de Behavioral Finance (Universidad de San Andrés) y CEO de Carta Financiera. Según Boggiano, la concentración responde a una “conveniencia de escala” y no produce márgenes excesivos. “La realidad es que en Argentina los supermercados tienen márgenes del 2,7% frente a un promedio mundial que supera el 3%”, asegura. “En Córdoba, nos conformamos con el 1%, estamos contento si salimos ‘tablas’ y muchos operan ya con rentabilidad negativa; por eso se ven tan pocas aperturas”, advierte Blanch.

Aún con estas explicaciones, la pregunta subsiste: ¿qué pasa que en Argentina todo cuesta más? Según un estudio de Focus Market, una docena de huevos en la Argentina cuesta $33,5; mientras en Chile, el equivalente a $19,1 y en Perú $14,2. Otro tanto pasa con el kilo de manzana, que en la Argentina cuesta $31; en Brasil $25; en Chile $18 y en Perú $21.

“Argentina se ha vuelto un país muy caro en dólares; el motivo es el déficit fiscal, ya que se financia con deuda en dólares en lugar de con emisión monetaria. Si el déficit no se baja, esta fórmula agravará el retraso cambiario”, señala Boggiano.

Sin embargo, hablando del Estado y de los supermercados no agotamos el reparto de responsabilidades en la formación de precios. Si el retail es dominante, ni qué hablar de la concentración en la producción industrial de algunos alimentos: dos empresas concentran el 66% del mercado de la leche; otras dos, el 89% de la producción de pan envasado; una maneja el 70% de los enlatados de tomate y arvejas, y sólo dos tienen el 80% del negocio del aceite. Ese es un poder fáctico a la hora de decidir precios.

Finalmente, para Fous Market, Argentina también se queda fuera de juego respecto de la región por impacto del transporte y la logística. El estudio de Focus remarca que la falta de inversión en rutas y la carencia de transportes alternativos al terrestre generan sobrecostos que impactan en los bolsillos de los consumidores finales, y en la ecuación económica de los productores de esos alimentos, que no pueden competir con los productos importados.

La Ley de Góndolas podría volver a escena. En el seno el gobierno nacional, la estrategia para conducir la economía a un esquema de precios razonables es un tema ríspido. Hoy, los que marcan el paso son el secretario de Comercio, Miguel Braun, y el ministro de Industria, Francisco Cabrera, directamente alineados con Federico Stuzenegger, en el Banco Central. Para este trío, todo lo que se asimile a “control de precios” pasa directo ‘al freezer’. En su matriz de análisis, el tema se debe encarar, por un lado, con leyes que regulen la concentración; por otro costado, haciendo política monetaria. En teoría, el modelo puede ser eficaz en el largo plazo; coyunturalmente, es vulnerable.

En un mercado atípico como el argentino, la estrategia del gobierno está siendo lastrada por tres factores: traslado a precios de la volatilidad del dólar, impacto de los costos definidos por el mismo Estado y, ante ello, el constante reposicionamiento de los formadores de precios concentrados.

Un dato clave da cuenta de ello: la amplia brecha entre el Índice de Precios internos Básicos al por Mayor (contempla precios sin componentes impositivos) y el Índice de Precios al Consumidor. En junio, el primero experimentó un aumento interanual del 13%, y el segundo del 23%. O sea, cuando el tsunami de aumentos llega a los bolsillos del consumidor final, las consecuencias son letales.

¿Entonces? La Secretaría de Comercio dejó morir el programa de Precios Cuidados, al desactivar los controles. A escala nacional, sólo representa el 1% de las ventas de hipermercados, cuando en el 2015 llegó a ser del 14%, según revelan fuentes del sector supermercadista. El ministro Braun lo convirtió en un esquema voluntario, con la confianza de que las “pymes productoras entren, al ver que tendrán oportunidad para vender más”, según dijo allá por el mes de enero.

Exceso de confianza o de candidez la del ministro, porque quien manda en góndola no son los proveedores pyme sino los dueños de las grandes cadenas, que ahora priorizan la ubicación y señalización de sus productos de marcas propias (más económicas) y los acuerdos con los abastecedores líderes, para sus primeras y segundas marcas. El punto clave de esto es que se volvió a dejar en poder de sectores relativamente concentrados la administración de opciones de precios.

Según la consultora Nielsen, las empresas que integran la Asociación de Supermercados Unidos (Carrefour, Walmart, Libertad, Disco, Cordiez, Vea, entre otros) facturan más del 70% del total nacional. ¿Llegó el momento de actuar sobre la concentración?

Tras las elecciones, y en función de cómo evolucione la inflación, el ministro Braun podría verse empujado a reconsiderar una versión aggiornada de la Ley de Góndolas, que en su momento propició el ex ministro Alfonso Prat Gay.

En el Congreso hay una iniciativa similar presentada por el Frente Renovador, y la provincia de Misiones ya dio un paso adelante sancionando su propia Ley de Góndolas, que obliga a los supermercados destinar el 20% de su superficie a productos locales. Esta legislación está inspirada en la Ley de Control de Poder de Mercado, que sancionó Ecuador en 2011. En ese país, la normativa establece que los precios deben surgir de común acuerdo entre proveedores y supermercados. Ecuador cerró el 2016 con una inflación de 1,12% anual.

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