La mayor par­te de este inmenso caudal de tráfico portuario fueron cítricos y nuevamente en esta par­ce­la aparece el país sudafricano como su principal proveedor (con 334.000 toneladas remitidas el año pa­sa­do).

Tal flujo de importaciones se expone a altas probabilidades de entrada de plagas, razón por la cual parte del sector hortofrutícola español la señala como 'coladero de plagas'. La última de ellas sería la te­mida bacteria Xylella Fastidiosa -re­cien­te­mente detectada en Baleares y que se sabe que accedió por Róterdam- pero también se de­nun­cia con reiteración las amenazas de 'la mancha negra' (CBS), el citrus greening (HLB) o la C. Leu­cotreta, que son también muy comunes en los envíos citrícolas sudafricanos y que, de ins­ta­larse, cuestionarían la propia pervivencia del sector en el sur de Europa.

La cuestión amenaza con desatar una crisis institucional de calado y con alterar el equi­li­brio de poderes que hasta el momento han mantenido a este respecto el ejecutivo (la Co­mi­sión Europea -la CE- como ejecutor a la postre de las decisiones de los Estados miembros) y el le­gislativo comunitario (el Parlamento Europeo, en el que recae la soberanía popular).

El pasado 15 de diciembre se produjo un he­cho sin precedentes desde la en­trada en vi­gor del Tratado de Lisboa (diciembre de 2009): el pleno del hemiciclo aprobó por amplia mayoría -463 votos a favor, 168 en contra y 3 abstenciones-una resolución en la que se exigía primar el "principio de precaución y la seguridad fitosanitaria de las plan­ta­ciones citrícolas europeas". No era una declaración eté­rea, sino un pronunciamiento contra un acto de eje­cu­ción de la propia CE. Específicamente, el Parla­men­to en­mendó un proyecto de modificación de la Directiva 2000/29/EC (“de sanidad vegetal”) por con­side­rar­lo "insuficiente". Haciendo la ana­logía con la política nacional, lo acon­tecido en Estrasburgo (sede del Parlamento Europeo) se­ría similar a que el Congreso tumbase por avasalladora mayoría un proyecto de Ley del Go­bierno.

La cuestión afectaba pues a las condiciones fitosanitarias de entrada del conjunto de im­­­­portaciones de agrios de la UE procedentes de países no comunitarios de forma global pero, evidentemente, se referían muy especialmente a las de los sudafricanos y por ello atacaba tam­­bién a los intereses de sus primeros aliados europeos, los importadores holandeses. "Se había sen­ta­do un precedente de control sobre la CE, que los países nórdicos del lobby im­por­ta­dor no podían consentir", señalan fuentes conocedoras del proceso de codecisión comunitario.

CE y europarlamentarios, enfrentados
Poco más de un mes y medio después, la CE confirmaba oficiosamente que no estaba dispues­ta a dar alas al Parlamento. Efectivamente, en la reunión del Comité Permanente de Sanidad Ve­­getal del 27 de enero, el representante de Bruselas defendió ante los Es­tados miem­bro un modelo de directiva "en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de im­por­ta­ción a la UE y los tratamientos cuarentenarios que deben ser aplicados, co­rre­s­pon­de a los propios ex­por­­tadores, evidentemente mucho más preocupados de hacer negocio que por la pervi­ven­cia de la producción comunitaria". Así explicaban en nota de prensa suscrita re­cientemente por el conjunto de or­ga­nizaciones na­cio­nales representativas del sector citrícola (ASAJA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, Ailimpo y el Comité de Gestión de Cítricos, CGC) la decisión avan­zada en dicho comité que, como se ha dicho, desautoriza lo defendido por el Par­­lamento.

Sin embargo, a juzgar por la reacción de varios europarlamentarios, la 'guerra' aún no está perdida y quedan batallas que lidiar. En la última semana se han presentado dos pre­gun­tas parlamentarias que forzarán al ejecutivo comunitario a 'desenmascararse'. Una tercera acción, en forma de mi­si­va dirigida al comisario de Sanidad y Se­guridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha sido suscrita además por el eu­ro­di­putado fran­cés, Michel Dantin (adscrito al Par­tido Popular Europeo) quien hace suyo el malestar no ya sólo de los representantes del sec­tor citrícola español, sino también del galo e italiano. Dantin, más que dar por hecho la ne­ga­ti­va de la CE, traslada a la más alta instancia, al propio co­misario, la decisión del comité y re­cla­ma una confirmación por su parte.
'La zorra en el gallinero'

De otro lado y en virtud de las gestiones realizadas por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la Comisión habrá de pronunciarse sobre aspectos concretos más sensibles si cabe que igual­mente delatan el tándem de intereses entre sudafricanos y holandeses. Es el caso de la pre­gun­ta formulada por Clara Aguilera, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agri­cul­tu­ra del Parlamento, quien ha cuestionado abiertamente la laxitud de las inspecciones fi­to­sa­nitarias de los holandeses (en 2014 demostraron ser 24 veces más ineficaces con los cítricos su­dafricanos que la 'Fito' española) así como la propia independencia de sus inspectores.

"La CE habrá de justificar por qué consiente que la revisión de las importaciones por el prin­­cipal puerto de entrada de cítricos de la UE no sea realizada por funcionarios cualificados si­no que esté en manos de una empresa privada con­tro­lada por los pro­pios importadores de fru­tas y hortalizas así como por la gran distribución holandesa", explican fuentes del CGC. "Ut­i­l­i­­zando una expresión castiza, el sistema holandés es como poner a la zorra a cuidar el ga­lli­nero porque quien controla la posible entrada de plagas y en­­fermedades en los cítricos resulta ser que es el principal interesado en que no se paralice nin­guna partida", matizan las mismas fuen­tes para referirse concretamente a la empresa encargada de los controles fitosanitarios y de calidad de Kwaliteits Control Bureau (KCB).

En esta misma línea, el eurodiputado vasco, Florent Marcelles (Los Verdes)- quien sust­i­tuye en el escaño al hasta hace poco eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià- va más allá y reclama a la CE que motive las razones de su negativa a atender la resolución del Par­la­mento. Concretamente, Marcelles cuestiona por qué no se atiende la petición del hemiciclo, que exige que los en­víos sudafricanos sean sometidos a un 'cold treatment'. "El tratamiento de frío durante la travesía es una medida preventiva clave contra la C.Leucotreta que lejos de estar obsoleta -como aducen los sudafricanos- es por ejemplo lo que exige EEUU, Japón, China, Australia o La India a los exportadores citrícolas españoles, en este caso para evitar cualquier riesgo de transmisión de la mosca del mediteráneo", explican desde el CGC.


Fuente: Levante- El Mercantil Valenciano (EMV)