Alta traición”. Así tildaron los colectivos del sector cítricola de Castellón y los agrarios de todo el país la decisión del Parlamento Europeo de autorizar --con la negativa en bloque de todos los eurodiputados españoles y los verdes de Europa-- el acuerdo con Marruecos que permite la liberalización de la entrada de casi todos los productos pesqueros y agrarios (como naranjas y mandarinas), salvo algunos considerados sensibles (incluye las clementinas), para los que sube el cupo de toneladas a vender.
Unas puertas abiertas a la ya calificada de “competencia desleal” y con “menores controles sanitarios”, que perjudicará tanto al agricultor, en precios, como al consumidor, en seguridad alimentaria. El nuevo acuerdo, que entrará en vigor durante los próximos meses para una década, hiere de muerte a un sector ya castigado por la crisis, altos costes y la caída de precios en la campaña, “la peor de los últimos 15 años”, según Fepac-Asaja.
AMENAZA
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) consideró que hipoteca 250.000 explotaciones hortofrutícolas, amenaza 450.000 empleos y 8.500 millones de euros en exportaciones al año en España. Por ello, ya preparan un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE. Alegarán que Marruecos vulneración normativa comunitaria e internacional en derechos fundamentales --por la relación de Marruecos y Sáhara, y por competencia desleal--.
Desde la Unió, Ramón Mampel, denunció que el acuerdo es “a espaldas del sector, sin ningún estudio del impacto en el sector europeo de frutas y hortalizas y sin compensaciones --se pedían ayudas a través de una enmienda del PSOE, denegada--”. “No puede tolerarse la entrada de fitosanitarios prohibidos en la UE, aceptados en Marruecos. Solo beneficiará a grandes empresas”, replicó.
Y por Fepac-Asaja, Doménech Nácher detectó “la maniobra de países del norte de Europa para comprar más barato a Marruecos, y por ello les interesa el corredor mediterráneo, mientras aquí se nos exige más trazabilidad y fitosanitarios”, replicó, y anunció “acciones de concienciación y choque”. Las cooperativas exigirán controles aduaneros más exhaustivos y reformar precios de entrada. La Unión de Pequeños Agricultores-PV denunció el “duro golpe” a precios y explotaciones y el “beneficio del 70% para solo tres empresas de capital franco-marroquí”. Y Felipe Juan, presidente de Intercitrus, señaló que “Europa ha demostrado que se ha acabado el mercado común, caiga quien caiga”, y subrayó la defensa de “nuestra calidad, seguridad alimentaria y cercanía para envíos rápidos”.
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
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