Cuando se quiere se puede. Y el Senado ha dado muestras este año de que más allá de las chicanas políticas por temas de campaña electoral, el diálogo y el consenso son posibles a la hora de sacar leyes para el sector agropecuario.

A diferencia de Diputados, la Cámara alta no cuenta entre sus integrantes a los denominados “agrolegisladores”.

Un dato que quizás haya que tener en cuenta a la hora de medir la efectividad legislativa de ambas Cámaras. Especialmente cuando en el trabajo legislativo como ha ocurrido en Diputados los conflictos sectoriales de tipo gremial, parecen ser el vector para el trabajo de los agrodiputados, cuyos proyectos no han logrado prosperar más allá de la comisión de Agricultura.

Ayer el Senado se había propuesto tratar un nuevo régimen previsional para los trabajadores rurales que quedó aprobado con 39 votos a favor y 3 en contra, y que ahora deberá ratificar la Cámara de Diputados, aunque posiblemente ese expediente no pase por la comisión de Agricultura que preside el tucumano Juan Casañas (UCR).

Los cambios que impulsa la norma reducen la edad jubilatoria a 57 años o 25 años de aportes, pero además permite la jubilación a trabajadores que habiendo cumplido los años no tengan los aportes correspondientes mediante un sistema de pequeña moratoria a cobrar en cuotas de la misma jubilación que pasarán a percibir.

Otro punto que se discutió hasta último momento con el Ministerio de Trabajo de la Nación, y que el radical Gerardo Morales pudo consensuar con el Ejecutivo nacional, fue que se estableciera un aporte adicional a los empleadores de 3 puntos porcentuales, pero excluyendo de la obligación a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Así el aporte adicional por parte de esas empresas agropecuarias sería asumido por el Estado nacional, o sea por toda la sociedad argentina, estableciéndose el corte conforme a la definición de cada categoría de la Secretaría PyME y Desarrollo Regional que deberá definir la reglamentación.

La iniciativa fue avalada tanto por el bloque kirchnerista como por el radicalismo y el peronismo opositor y el resto de los bloques menos numerosos. Los únicos votos en contra, como el del senador sanjuanino Roberto Basualdo, se anclaron en la defensa del 82% móvil que alguna vez votaron y que el Ejecutivo vetó.

Basualdo explicó que si bien la ley puesta consideración era “necesaria”, iba en contra del 82% móvil, con lo cual prefirió no respaldar la iniciativa y anteponer la coherencia legislativa sobre la solución propuesta.

Para el socialista Rubén Giustiniani, la ley beneficiaría a cerca de “un millón de trabajadores rurales” que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad por el estado de informalidad que revisten.

El senador jujeño, Gerardo Morales autor de una de las iniciativas unificadas ayer por la Cámara, aseguró que la ley beneficia a “todos los trabajadores del campo y aún del campo en agroindustrias”, aunque no de fábricas que tienen otro régimen, ni a las producciones que también tienen su marco regulatorio propio como los cañeros y de viñas.

El senador, y presidente del bloque radical, señaló que dado que en la actividad rural se da “mucho trabajo en negro”, la ley permite el blanqueo de personal mediante el mencionado sistema de moratoria que alguna vez se aplicó para el régimen previsional de las amas de casa.

Fuente: El Enfiteuta